Entre 2006 y 2011 en el país ibérico se produjeron 396.943 ejecuciones hipotecarias,
de acuerdo con un reciente informe del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ). Sólo en el segundo trimestre de este año el número de
desalojos ascendió a más de 18.000.
Ante la magnitud del
problema, el gobierno de Mariano Rajoy llegó a un "principio de acuerdo"
con el opositor Partido Socialista (PSOE) para evitar más desalojos y
modificar la ley para contener a los ciudadanos y protegerlos frente a
los bancos.
En su informe, el órgano de gobierno de los jueces
españoles advirtió que la situación es "alarmante" y denunció que los
bancos gozan de un "procedimiento privilegiado" y "extremadamente
agresivo" para cobrar sus deudas de forma rápida.
En tanto, el
Tribunal de Justicia Europeo dictaminó ayer -en respuesta a un caso
particular- que la normativa española que regula los desalojos "incumple
la directiva comunitaria de protección del consumidor frente a
cláusulas abusivas".
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